Contra la tentación golpista
Oscar González | Socialismo para la victoria
La persistencia en la protesta iniciada por efectivos de Prefectura y Gendarmería, invocando razones salariales, corre el riesgo de conducir a un sendero incierto, cuyo punto de quiebre ha sido claramente establecido en la declaración suscripta por la casi totalidad de las fuerzas parlamentarias, cuando instan a esos efectivos a "adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas". Desconocer ese llamado, sensato y plural, empujaría a los protagonistas de estas acciones hacia el borde del delito de sedición, claramente establecido en la Constitución.
El gobierno nacional ha cumplido con su deber, al reconsiderar la situación salarial de los reclamantes y relevar a la plana mayor de ambas fuerzas. Las autoridades respondieron así, taxativa y rápidamente, al reclamo invocado por los uniformados.
Nadie puede ser ingenuo ante un movimiento de estas características: más allá del siempre legítimo reclamo de mejoras o ajustes, los efectivos involucrados en la protesta no constituyen una masa postergada y desatendida por el Presupuesto.
Por ello, el pronunciamiento evoca episodios que sufrieron, hace muy poco tiempo, los gobiernos constitucionales de Ecuador y Bolivia, donde las fuerzas que siguen resistiendo los cambios reformistas en la región apelaron también a presuntas reivindicaciones gremiales para erosionar la estabilidad de autoridades legítimamente elegidas. Las osadas medidas transformadoras y progresistas alcanzadas durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner han generado también obstinaciones que se expresan de muy diversa manera. No se trata, como algunos pretenden, de la manifestación del disenso, siempre pertinente y enriquecedor de la vida democrática. Lo que está en marcha, como ocurrió en su momento con la insubordinación del sector agrofinanciero, es el intento de potenciar un conflicto puntual para condicionar a un gobierno democrático. Del mismo modo que cuando recurren a las corridas cambiarias, a las calumnias, a la difamación, a la manipulación de precios y mercados, a la prédica sistemática contra la autoridad pública. En esa ofensiva, nadie puede actuar con candidez: ni los medios monopólicos que desconocen a la justicia, ni la estudiantina que pregunta en Harvard ni los uniformados que, más allá de la eventual razón de sus reclamos, introducen la zozobra en la vida democrática.
La maniobra está a la vista y nada puede esperarse de quienes conspiran desde el mismo día en que el Estado y la política fueron recuperados para el pueblo argentino. Los prefectos y gendarmes que cumplen honestamente su labor deberían resistir la tentación de peligroso protagonismo que les ofrece el monopolio mediático.
Y cualquier sector de la oposición política, la ilusión de sacar provecho de este episodio injustificable.
Oscar González | Socialismo para la victoria
La persistencia en la protesta iniciada por efectivos de Prefectura y Gendarmería, invocando razones salariales, corre el riesgo de conducir a un sendero incierto, cuyo punto de quiebre ha sido claramente establecido en la declaración suscripta por la casi totalidad de las fuerzas parlamentarias, cuando instan a esos efectivos a "adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas". Desconocer ese llamado, sensato y plural, empujaría a los protagonistas de estas acciones hacia el borde del delito de sedición, claramente establecido en la Constitución.
El gobierno nacional ha cumplido con su deber, al reconsiderar la situación salarial de los reclamantes y relevar a la plana mayor de ambas fuerzas. Las autoridades respondieron así, taxativa y rápidamente, al reclamo invocado por los uniformados.
Nadie puede ser ingenuo ante un movimiento de estas características: más allá del siempre legítimo reclamo de mejoras o ajustes, los efectivos involucrados en la protesta no constituyen una masa postergada y desatendida por el Presupuesto.
Por ello, el pronunciamiento evoca episodios que sufrieron, hace muy poco tiempo, los gobiernos constitucionales de Ecuador y Bolivia, donde las fuerzas que siguen resistiendo los cambios reformistas en la región apelaron también a presuntas reivindicaciones gremiales para erosionar la estabilidad de autoridades legítimamente elegidas. Las osadas medidas transformadoras y progresistas alcanzadas durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner han generado también obstinaciones que se expresan de muy diversa manera. No se trata, como algunos pretenden, de la manifestación del disenso, siempre pertinente y enriquecedor de la vida democrática. Lo que está en marcha, como ocurrió en su momento con la insubordinación del sector agrofinanciero, es el intento de potenciar un conflicto puntual para condicionar a un gobierno democrático. Del mismo modo que cuando recurren a las corridas cambiarias, a las calumnias, a la difamación, a la manipulación de precios y mercados, a la prédica sistemática contra la autoridad pública. En esa ofensiva, nadie puede actuar con candidez: ni los medios monopólicos que desconocen a la justicia, ni la estudiantina que pregunta en Harvard ni los uniformados que, más allá de la eventual razón de sus reclamos, introducen la zozobra en la vida democrática.
La maniobra está a la vista y nada puede esperarse de quienes conspiran desde el mismo día en que el Estado y la política fueron recuperados para el pueblo argentino. Los prefectos y gendarmes que cumplen honestamente su labor deberían resistir la tentación de peligroso protagonismo que les ofrece el monopolio mediático.
Y cualquier sector de la oposición política, la ilusión de sacar provecho de este episodio injustificable.
Publicado por Tiempo Argentino, Argentina, pág. 6, el 6 de octubre de 2012.
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