Sobre el 82% móvil

La oposición y la hora de los bochornos

La derecha, interesada en proteger la rentabilidad de las grandes patronales y paralizar la gestión de gobierno, es al fin y al cabo la que dirige y lidera el rumbo de la oposición en el Congreso

Oscar González*

La media sanción en Diputados del 82% móvil para los jubilados, aprobada por una mayoría compuesta por radicales, peronistas disidentes, cívicos y del PRO, con el insólito apoyo de Proyecto Sur, socialistas y el GEN, demostró que la derecha, interesada en proteger la rentabilidad de las grandes patronales y paralizar la gestión de gobierno, es al fin y al cabo la que dirige y lidera el rumbo de la oposición en el Congreso.

En un contexto de polarización extrema, la presunta centroizquierda que habilitó la sesión y apoyó el proyecto, al igual que en la 125, terminó convalidando una iniciativa opositora que, despojada de las volutas retóricas, no aporta a otro objetivo más que al de restauración conservadora, tal como lo demandan los grandes grupos de poder económico y mediático.

A eso y no a otra cosa apunta lo que se aprobó aquella madrugada en Diputados, de tal modo que de nada vale lagrimear ex post facto argumentando ingenuidad, y lamentarse porque el núcleo duro del poder no haya autorizado a sus subordinados en la Cámara a restituir los aportes patronales derogados durante la etapa menemista.

Al menos, los socialistas A y los del GEN tuvieron la franqueza de resguardar abiertamente el bolsillo empresarial al momento de la votación en particular.

De este modo, una medida que ningún legislador medianamente informado, sea del bloque que fuere, considera viable en los términos en que fue sancionada, revela hasta qué punto se degradan sectores que están dispuestos a llevar al default con tal de mejorar sus chances electorales, al tiempo que pujan entre sí para asumir la mediación política con los sectores más concentrados del capital, sumidos en el descrédito masivo tras las reformas de mercado de los ’90.

La aplicación del 82% móvil a todos los jubilados y pensionados, que implicaría una erogación intolerable para la economía nacional, no sólo acabaría con el sistema previsional sino que volvería inevitable una devaluación, el aumento de las tasas de interés y, en consecuencia, el déficit fiscal. No es posible que un partido o un dirigente que se proponga seriamente gobernar al país plantee dilapidar el mayor escudo protector contra las tormentas financieras que azotan al mundo, como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A menos, claro está, que se quiera repetir el gesto de Cavallo cuando acudió a los centros financieros internacionales en 1988 para pedir que nadie le preste dinero a la Argentina porque el próximo gobierno pondría en marcha un programa a su medida.

¿Será ese el caso? Así lo sugiere la mencionada negativa a considerar la restitución plena de los aportes patronales para las grandes empresas y, mas aun, ignorar la propuesta del bloque Nuevo Encuentro, de imposición a la renta financiera, otra medida que encrespa al gran capital. En cambio, la oposición ataca uno de los núcleos que provocó tanto encono en el establishment local e internacional: los fondos con que las AFJP financiaban petroleras británicas (las mismas que exploran yacimientos en Malvinas) y hoy sirve para sostener, entre otros programas, el de Asignación Universal por Hijo, que permitió sacar de la pobreza a 2,4 millones de hogares, como lo demuestra una investigación de la Universidad de La Plata.

Ninguno de estos programas se sustenta en la matriz asistencialista que aconsejan los organismos financieros internacionales, sino en la concepción de derecho y de construcción de ciudadanía, tan alejados de la vituperada acción clientelística.

Atacar las bases de esta política de evolución social es un acto de barbarie sobre el cual no se puede construir nada que no sea el regreso al país de la injusticia y la represión.

Nadie puede decirse progresista y al mismo tiempo contribuir a que eso sea posible.

* Ex diputado nacional del P. Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional

Publicado por el diario Tiempo Argentino, el 26 de agosto de 2010

El informe Papel Prensa, la verdad

"Es el nunca más de la complicidad empresarial con la dictadura"

El secretario de Relaciones Parlamentarias del gabinete nacional, Oscar González calificó como "el Nunca Más de la complicidad empresarial con la dictadura" el informe sobre Papel Prensa presentado hoy por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El informe Papel Prensa, la Verdad es una suerte de Nunca Más de esa complicidad empresarial con la dictadura, donde queda implacablemente revelada la complicidad de sectores empresariales con las prácticas criminales de la dictadura militar", declaró González.

Al término de la presentación del informe en la Casa de Gobierno, González subrayó que "es admirable la valentía cívica de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que asume el desafío histórico de defender al Estado de Derecho y levantar el velo perverso que ocultaba una parte esencial de nuestra historia: cómo ciertos sujetos cercanos al poder castrense se valieron de esa circunstancia para apropiarse de lo ajeno".

"Los socialistas apoyamos la decisión de que el Congreso y la Justicia asuman sus respectivos roles y continúen adelante para que se haga justicia" concluyó.

Publicado por la Agencia de Noticias Télam, el 24 de agosto de 2010

González: "hay votos que dan verguenza"

El Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional, Oscar González, consideró hoy que el voto de los seguidores de Fernando `Pino` Solanas, Hermes Binner y Margarita Stolbizer en la Cámara de Diputados en que se aprobó el 82% móvil es "una vergüenza".
(Publicidad)

"Si Alfredo Bravo o cualquier otro líder histórico del socialismo estuviera vivo, andaría a los gritos repudiando a estos legisladores que, siguiendo las órdenes del senador (Rubén) Giustiniani -quien votó en su momento la flexibilización laboral-, encima quieren liberar a las grandes empresas de su aporte al financiamiento previsional", sostuvo González.

En cambio, el ex diputado nacional del PS destacó "la coherencia de otros diputados, como los del Nuevo Encuentro Popular y Social -que preside Martín Sabatella e integran los socialistas Jorge Rivas y Ariel Basteiro- quienes sí fueron coherentes con las mejores tradiciones y los valores de la izquierda democrática".

"No es entendible que los legisladores de Proyecto Sur, el PS oficial y el GEN se sumen alegremente a una iniciativa irracional sin tener en cuenta dónde obtener los fondos para el hipotético incremento de los haberes previsionales", enfatizó González el ex secretario general del PS en un comunicado de prensa.

Finalmente, González añadió que "da pena ver a esta supuesta centroizquierda de `Pino`, Binner y Stolbizer arrodillarse ante los dueños del capital y los medios hegemónicos, malversando los últimos cartuchos de un progresismo al que ya no puede reivindicar despúes de actuaciones como ésta".

Publicado por la Agencia de Noticias Télam, el viernes 20 de agosto de 2010

"EL ENTREVERO OPOSITOR QUIERE DESFINANCIAR AL ESTADO"

Críticas a los proyectos legislativos de la oposición

El secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno, Oscar González sostuvo hoy que "el entrevero opositor quiere desfinanciar al Estado" y agregó que "todas y cada una de las iniciativas legislativas que está impulsando la oposición carecen de propósitos constructivos y tienen el único objetivo de paralizar al gobierno".

González reiteró que "por definición, los socialistas no podemos apoyar los proyectos que intentan desfinanciar al Estado, ya que éste, en nuestra concepción, tiene un rol protagónico para defender la capacidad adquisitiva del salario, la ampliación de los derechos sociales y limitar la voracidad de los sectores rentísticos.

"Quienes apuestan a que el Estado se repliegue en su papel rector de la actividad productiva añoran la Argentina del mercado despiadado y el ajuste implacable que en los años 90 erosionaron la economía, empobrecieron a la mayoría y enriquecieron a un puñado de privilegiados, dijo el funcionario.

Para el ex secretario general del Partido Socialista, "se equivocan quienes creen que van a detener la marcha del gobierno negándose a renovar tradicionales facultades delegadas o proponiendo ilusorios incrementos provisionales sin anclaje financiero alguno".

"Al pretender atar las manos del Ejecutivo para dejarlo inerme ante eventuales situaciones de emergencia, ignoran que la Presidenta no declinará sus responsabilidades y seguirá asumiendo en plenitud el proceso de cambios que vive la República.

Publicado por la Agencia de Noticias Télam, el 17 de agosto de 2010

Dos agendas, dos países

Por Oscar González*

Azorado por la evidencia de un triángulo virtuoso que incluye una economía estable, una sociedad de creciente bienestar y derechos ampliados y un gobierno cuya imagen positiva aumenta en todas las encuestas, el conglomerado opositor intenta demostrar en estos días que no padece de la impericia que le atribuyen sus inspiradores y mandantes, las corporaciones del poder financiero y mediático.
Así, elaboró una agenda de temas cuyos lineamientos abrevan en el manual del establishment y logró incluso un módico éxito al aprobar un dictamen de comisión para su proyecto de aplicar el 82 por ciento móvil a las jubilaciones, sin ninguna previsión ni análisis sobre la fuente de los 30 mil millones de pesos que esa medida le costaría al Tesoro. Como inmediatamente el Grupo A advirtió que el pleno del Senado no iba a aprobar la iniciativa convirtiendo en proeza ese logro ocasional, volanteó rápidamente para presentar otra similar en la Cámara baja, donde la aritmética le resulta menos adversa.
Ese trasiego oportunista es sólo una más entre otras actitudes tendientes a desterrar la fama de incompetencia que acosa a la oposición, pese a sus esfuerzos por hostigar la gestión del gobierno, sin pretensión de racionalidad ni coherencia política y dando el penoso ejemplo de subordinación al modelo agrofinanciero, como resulta de su obsecuente presencia en el cónclave de la Sociedad Rural y en la mesa del más beligerante cabecilla del sector concentrado de la economía.
Aunque no halla los resultados buscados, es notable el empeño opositor por convertir al Congreso en un foco de actividad destituyente. En un intento por saturar el ambiente legislativo disparando en todas las direcciones imaginables, legisladores de la oposición presentaron en Diputados unas 20 propuestas con la pretensión de constituir comisiones ¿"especiales?, ¿"investigadoras? y "¿de seguimiento? sobre las más diversas cuestiones. Tantas que, de hacerse efectivas, no habría ni tiempo ni forma de que funcionen razonablemente ni de que puedan indagar seriamente sobre ningún tema.
Aferrados al propósito de quebrar la gobernabilidad y desconcertados por la capacidad propositiva del gobierno, ciertos bloques abandonan la sensatez y descerrajan sobre las cámaras proyectos sobre redistribución del impuesto al cheque y de Aportes del Tesoro Nacional, aumentos provisionales infundados y eliminación de retenciones que ni siquiera concitan la unanimidad de la Mesa de Enlace. Es que en su intento por recuperar iniciativa política renuncian a ejercer su papel de manera responsable y, con tal de obstruir la marcha del gobierno desfinanciando al Estado, amenazan con terminar dañando los intereses de los propios jubilados, las familias en situación de pobreza, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas y los productores agrarios que se sostienen gracias a los programas de ayuda y estímulo que financia el erario.
Mientras el país crece (record de producción de granos, record de divisas en el Banco Central), la situación social mejora (descenso del desempleo, aumento de salarios y jubilaciones, mayor consumo popular) y la Argentina se consolida en el mundo regional y global (nuevo Código Aduanero en la Unasur, desplome del índice del riesgo país), hay una oposición que quiere hacer tabla rasa con todos los avances conquistados y se empeña en retornar al pasado, aferrada a la ilusión de que el enorme poder de los grupos hegemónicos pueda sustituir el esquivo apoyo de la ciudadanía.

*Ex diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Publicado por la Agencia de Noticias Télam, el lunes 9 de agosto de 2010

Un objetivo y un desafío

Fifty-fifty, copyright y derechos sociales

Por Oscar González

El propósito reivindicado por Kirchner de que los trabajadores alcancen una participación del 50% es un objetivo político que requiere continuidad y profundización de un conjunto de políticas.

El ex presidente Néstor Kirchner reivindicó el objetivo de que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional alcance nuevamente el 50%, una cifra que ya es mítica y simboliza el grado de distribución de la riqueza en tiempos del peronismo. Ese índice fue descendiendo en los años posteriores a 1974, hasta que tocó el fondo de 30% durante la dictadura militar y con el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, hoy procesado penalmente. Semejante meta implica un importante desafío, mayor aún en tiempos en que la crisis capitalista mundial causa estragos en el salario de los trabajadores en numerosos países, aun en los más desarrollados y, peor todavía, en aquellos que, sin serlo, mantienen una estrecha vinculación económica con ellos, y donde los asalariados son condenados a contener los daños producidos por la economía financiera.
Invocar el añorado porcentaje es también un reto a la oposición que conspira en el Congreso con el fin de privar al gobierno de las herramientas para continuar y profundizar las políticas públicas que impulsan mayor equidad distributiva, lo que se viene logrando a través de la ampliación del universo de beneficiarios del salario social, es decir de lo que percibe ya no cada asalariado formal sino el conjunto de los trabajadores (activos y pasivos, ocupados o no) y sus familias. Tal es el caso de la extensión de la cobertura previsional y la recuperación del sistema jubilatorio, así como la Asignación Universal por Hijo. Las medidas anunciadas esta semana por la presidenta Cristina Fernández –que llevan la jubilación mínima a 1091 pesos, añaden el 22% a las asignaciones familiares y llevan a 220 pesos la universal por hijo– son clara muestra de una determinación política que apunta a la ampliación de los derechos sociales básicos, que a pesar de tener rango constitucional no tenían plena vigencia.
En cuanto a los trabajadores registrados, la activación de los convenios colectivos y del Consejo del Salario Mínimo, del que participan la CGT y la CTA, han permitido, gracias a la acción del Estado y a la capacidad de las organizaciones obreras, evitar la erosión del salario real en una etapa de fuerte recuperación económica y de disputa por la apropiación de la renta. La realidad ha demostrado palmariamente que el crecimiento económico sin intervención estatal incrementa la concentración del ingreso y agrava los índices de pobreza y desigualdad. De ahí que la lucha por mejorar la distribución de la riqueza sea una cuestión eminentemente política, y así como la discusión paritaria implica una gimnasia que fortalece a las organizaciones sindicales, la actuación estatal es decisiva por cuanto la llamada puja distributiva parte de una marcada asimetría de fuerzas entre trabajadores y empresarios que no puede equilibrarse con la sola actividad reivindicativa de los sindicatos.
El crecimiento económico de los últimos años incentivó la pelea por el ingreso y los sectores más concentrados del agro y la industria han venido presionando por una devaluación que, en los hechos, implicaría una rebaja salarial generalizada.
Del mismo modo, los aumentos injustificados de algunos insumos básicos de la industria y de productos terminados formaron parte de esta estrategia empresarial de desmedida acumulación de ganancias. Simultáneamente, la fragmentación del mercado de trabajo, la precariedad laboral y el trabajo en negro acompañan la evasión fiscal y aumentan la rentabilidad empresaria en perjuicio del ingreso de la mano de obra, tanto en términos de salario directo como de salario social o indirecto. Así, buena parte del crecimiento de la productividad laboral de los ’90 fue en simultáneo con una mayor explotación de los trabajadores a través de la precarización de las condiciones de trabajo.
En este marco, el propósito de que los trabajadores alcancen una participación del 50% es un claro objetivo político que requiere continuidad y profundización de un conjunto de políticas que abarcan desde la ofensiva contra el trabajo en negro y la evasión fiscal (donde se avanza paso a paso) hasta la intensificación de los estímulos directos e indirectos a la productividad por sector y el fortalecimiento del rol del Estado para evitar nuevas transferencia del trabajo al capital, como sucedió con la disminución de los aportes patronales al sistema previsional.
Son tareas pendientes que requieren persistencia en el rumbo elegido y sortear la insensata agenda que enarbola la disipada oposición en el Congreso, que conspira abiertamente contra la estrategia de ampliación de derechos. Mientras disputan puerilmente la paternidad –el copyright– de decisiones oficiales que no pueden más que aprobar, ciertos opositores inventan iniciativas que, como la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, no sólo atentan contra una distribución de la riqueza más solidaria sino que apuntan a restaurar un Estado prescindente de sus deberes sociales.
Si en los ’90 se hablaba del efecto derrame de una economía que, librada al designio de los mercados, no hizo otra cosa que llevar hasta la iniquidad la brecha entre los que más y los que menos tienen, hoy la gestión pública de lo social se despega del asistencialismo que estigmatiza para, en su lugar, crear más derechos y ciudadanía.

* Ex diputado nacional del Partido Socialista.

Publicado por el diario Tiempo Argentino, el 1 de Agosto de 2010, Pág. 20