Que el 14 bis sea letra viva

Por Oscar González (*)

El reconocimiento a los derechos sociales, que surgen en la posguerra gracias a la larga lucha de los trabajadores industriales, fue un avance decisivo que adquirió status constitucional en muchos países, empezando por las diversas formas europeas de Estado Social, que admitieron que es deber del Estado garantizar el derecho al trabajo y a un salario digno, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la jubilación y, en general, a la protección social en casos de necesidad. Más tarde se incorporarían el acceso a la cultura y a un ambiente sano como parte de ellos.

No obstante, tales derechos, pese a que fueron reconocidos no sólo por las legislaciones nacionales sino también por los tratados internacionales, han sido siempre de difícil cumplimiento, y en la década del 90, bajo la hegemonía mundial del capital financiero, hubo retrocesos importantes que transformaron esos enunciados en letra muerta, como sucedió en nuestro país bajo el menemismo, cuando la llamada flexibilización laboral abolió conquistas obreras de larga data.

El historiador inglés Eric Hobsbawm sostiene que "el mercado libre no existe, ya que el mercado expresa siempre la correlación de fuerzas imperante entre éste, el Estado y la sociedad civil". En este aserto está la clave de la precaria vigencia de los derechos sociales, cuya concreción depende siempre de cuán autónomo sea el Estado, y por tanto el gobierno de turno, de las enormes presiones del mercado. En las naciones de desarrollo incipiente y en los llamados países emergentes, como el nuestro, ésta disputa se acentúa y la efectividad de estos derechos está sometida a los vaivenes de las políticas públicas de redistribución del ingreso de los sucesivos gobiernos. Es el caso del sistema previsional, privatizado en 1993 por Carlos Menem, que volvió al sistema solidario en febrero de 2007.

En la Argentina, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, originado en la reforma de 1949 y recogido después por la de 1957, establece la responsabilidad del Estado de garantizar un conjunto de derechos laborales y sociales, entre los cuales incorpora la cogestión obrera, que implica la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el control obrero de la producción y su colaboración en la dirección.

Precisamente, en el marco del diálogo político convocado por el gobierno, la semana pasada, los socialistas presentamos un documento de 14 puntos en el que, entre otros temas, se plantea la necesidad de darle plena operatividad a los derechos enunciados por el artículo 14 bis, en particular la cogestión obrera en las empresas, algo que varios países europeos, como España, Italia y Alemania han incorporado a su legislación laboral.

Los grandes estudios argentinos que asesoran al empresariado rechazan la participación de los trabajadores en gestión y las ganancias de las empresas argumentando que ello implicaría falta de seguridad jurídica y argumentan en su favor que los fallos de los juzgados laborales tienden a resolver las controversias a favor de los empleados.

Más allá de la superficialidad de este razonamiento, lo cierto es que la cogestión obrera no sólo es un instrumento formidable para dar cumplimiento al mandato constitucional, sino que permite a los trabajadores ejercer un derecho que en la Argentina se ha denegado tenazmente en nombre de la libertad de empresa, el de monitorear la producción y evitar maniobras inicuas, desde la evasión en sus diversos tipos hasta la quiebra fraudulenta, con empresarios que acrecientan su riqueza personal mientras cierran fábricas y despiden trabajadores sin pagarles no sólo sus indemnizaciones sino meses de salarios atrasados. Ese perverso mecanismo ha conducido a que decenas de grupos de trabajadores se vean forzados a protagonizar el fenómeno de las empresas recuperadas.

Si olvidar que la pugna por estos derechos, como todos los que implican redistribuir la riqueza, provoca desmedidas reacciones de los grandes grupos de poder resistentes a ceder privilegios, como está ocurriendo con el empresariado agropecuario, lo innegable es que la lucha por mejorar sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de los que menos tienen contribuye decisivamente a fortalecer un proyecto que sitúa el trabajo, la producción y la inclusión social en el centro de sus preocupaciones y, sobre todo, de sus decisiones.

(*) Oscar González es dirigente y ex secretario general del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno nacional

Publicado en agencia NOVA el viernes 28 de agosto de 2009

Oscar González versus Oscar Aguad

Dirigente socialista pregunta:

¿Por qué a Aguad le dicen "El Milico"?

Dos a quererse: Oscar González y Oscar Aguad.

El dirigente socialista y secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno nacional, Oscar González, salió al cruce de los dichos del diputado nacional del radicalismo, el cordobés Oscar Aguad, quien disgustado por el no tratamiento de varios proyectos de ley había calificado al Congreso Nacional de “trucho”.

En ese sentido, González manifestó en un comunicado que con esas declaraciones “Aguad agrede a sus pares y descalifica a un Poder del Estado democrático", para luego agregar que se sentía "extrañado, porque no es habitual en el radicalismo denostar a las instituciones republicanas, aunque su actual composición no sea del agrado de la oposición".

“El señor Aguad debiera entender que su mandato es tan legítimo como el de los demás legisladores a los que descalifica groseramente", expresó González, quien en su momento supo ser el secretario general del Partido Socialista.

No obstante, y siempre en tono crítico hacia el presidente del bloque de diputados del radicalismo, González se preguntó con fuerte ironía: “¿Será por ese desprecio hacia uno de los Poderes de la Constitución Nacional que el señor Aguad es conocido por el apelativo de El Milico?".

Publicado por agencia NOVA el jueves 27 de agosto de 2009

A 37 años de la masacre de Trelew

Hilos de la memoria

Por Oscar R. González *

En la foto tomada en el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto de 1972, una semana antes de la masacre, se lo ve con su campera clara y aspecto aniñado, ensimismado y calmo. Es Eduardo Capello, con quien me topé en una precoz militancia en la Juventud Socialista hacia mediados de los ’60. Ambos teníamos 18 años, quizás 19, e intentábamos organizar un núcleo juvenil en Parque Patricios.

Aunque ni uno ni otro vivía por allí –él era de Congreso y yo de Monte Castro–, nos facilitaba la tarea el cobijo que nos daba uno de los locales más antiguos del socialismo porteño, en la calle Almafuerte, en cuyo interior campeaban, amarillentas, las efigies de Juan B. Justo y Carlos Marx.

La edificación, húmeda y fría, distaba apenas metros de la estatua de uno de los próceres de la emancipación, Bernardo de Monteagudo, bronce al pie del cual, los sábados por la mañana, revoleábamos unos volantes mimeografiados convocando a constituir un providencial frente de los trabajadores que evitara lo que llegó poco después, la dictadura ultramontana de Juan Carlos Onganía.

La vida nos alejó al poco tiempo, ya que ambos fuimos expelidos drásticamente de la vieja casona socialista por un delito que los patriarcas del lugar no perdonaron: cambiar el nombre de la agrupación juvenil, que bautizamos, ocurrentes, Martín Güemes, en sustitución de una denominación que a nosotros, ignorantes de la historia reciente, nada nos decía: Roberto Mario Port. Sólo que aquel nombre –nos enteramos por los gritos destemplados de una vieja afiliada– era nada menos que el de un joven socialista asesinado durante un acto partidario, en pleno peronismo.

Abatidos por el sopapo disciplinario, abandonamos nuestra militancia en esos pagos, cada cual buscó su camino y desde entonces nos perdimos de vista hasta que el azar nos reunió –sería 1969– a bordo de un trolebús, el 314, que terminaba su recorrido en los cuarteles de Palermo, donde entonces se determinaba la aptitud psicofísica de los sorteados para hacer el servicio militar.

Preocupado porque el patriótico compromiso amenazaba con expropiar un año de mi preciosa vida, le narré a mi interlocutor, con entusiasmo, el cúmulo de dolencias y malestares diversos que pensaba alegar ante los médicos para obtener un no apto salvador: pie plano, miopía, extraños dolores, alergias a casi todo.

Contra mis previsiones, Eduardo no manifestó entusiasmo alguno con mi elaborada argumentación y, lejos de eso, me miró un poco azorado. Luego, en tono de reproche, me dijo: “Como viene la cosa en la Argentina... ¿te vas a perder la oportunidad de aprender a tirar?”.

Me sentí un poco avergonzado y esa sensación asoma cada vez que vuelve a mi memoria la imagen de ese muchacho entusiasta y puro al que encontré en un viejo y destartalado local de Parque Patricios, pocos años antes de convertirse en uno de los mártires de Trelew.(Página 12)

* Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.

Publicado por el diario Página 12 el 27 de agosto de 2009

Por la nueva Ley de Medios

El socialismo K apoya una pronta sanción de la Ley de Radiodifusión

El dirigente socialista y funcionario de la Jefatura de Gabinete, Oscar González, llamó hoy "a todas las fuerzas políticas y sociales" a "alentar" a los legisladores nacionales para una pronta sanción de una nueva ley de radiodifusión.

"Transcurrido el tiempo de la divulgación de la propuesta oficial, es la oportunidad de asumir la discusión en el ámbito parlamentario con el objetivo de que la nueva norma de comunicación audiovisual garantice un flujo democrático de la información y el entretenimiento sea accesible para el conjunto de la sociedad", sostuvo González en un comunicado.

El secretario de Relaciones Parlamentarias del Ejecutivo nacional opinó, además, que "ya rescatada la posibilidad de que una expresión de la cultura popular como el fútbol se extienda a todos", llega el momento de "construir un sistema equilibrado de comunicación, para que también la información sea un derecho efectivo".

El socialismo bonaerense, que la semana pasada participó del diálogo político en la Casa Rosada, entregó un documento de 14 puntos en los cuales se señala que "el socialismo apoya el anteproyecto de Ley de Servicios Audiovisuales para que sea tratado en el menor plazo posible por el Congreso Nacional".

Publicado por el diario La Jornada, Trelew, el domingo 23 de agosto de 2009

Hacer operativa una cláusula clave de la Constitución

14 bis

El reconocimiento a los derechos sociales, que surgen en la posguerra gracias a la larga lucha de los trabajadores industriales, fue un avance decisivo que adquirió status constitucional en muchos países, empezando por las diversas formas europeas de Estado Social, que admitieron que es
deber del Estado garantizar el derecho al trabajo y a un salario digno, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la jubilación y, en general, a la protección social en casos de necesidad. Más tarde se incorporarían el acceso a la cultura y a un ambiente sano como parte de ellos.

No obstante, tales derechos, pese a que fueron reconocidos no sólo por las legislaciones nacionales sino también por los tratados internacionales, han sido siempre de difícil cumplimiento, y en la década del 90, bajo la hegemonía mundial del capital financiero, hubo retrocesos importantes que transformaron esos enunciados en letra muerta, como sucedió en nuestro país bajo el menemismo, cuando la llamada flexibilización laboral abolió conquistas obreras de larga data.

El historiador inglés Eric Hobsbawm sostiene que "el mercado libre no existe, ya que el mercado expresa siempre la correlación de fuerzas imperante entre éste, el Estado y la sociedad civil". En este aserto está la clave de la precaria vigencia de los derechos sociales, cuya concreción depende siempre de cuán autónomo sea el Estado, y por tanto el gobierno de turno, de las enormes presiones del mercado.

En las naciones de desarrollo incipiente y en los llamados países emergentes, como el nuestro, ésta disputa se acentúa y la efectividad de estos derechos está sometida a los vaivenes de las
políticas públicas de redistribución del ingreso de los sucesivos gobiernos.

Es el caso del sistema previsional, privatizado en 1993 por Carlos Menem, que volvió al sistema solidario en febrero de 2007.

En la Argentina, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, originado en la reforma de 1949 y recogido después por la de 1957, establece la responsabilidad del Estado de garantizar un conjunto de derechos laborales y sociales, entre los cuales incorpora la cogestión obrera, que implica la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el control obrero
de la producción y su colaboración en la dirección.

Precisamente, en el marco del diálogo político convocado por el gobierno, la semana que pasó, los socialistas presentamos un documento de 14 puntos en el que, entre otros temas, se plantea la
necesidad de darle plena operatividad a los derechos enunciados por el artículo 14 bis, en particular la cogestión obrera en las empresas, algo que varios países europeos, como España, Italia y Alemania han incorporado a su legislación laboral.

Los grandes estudios argentinos que asesoran al empresariado rechazan la cogestión y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas argumentando que ello implicaría la meneada falta de seguridad jurídica y argumentan en su favor que los fallos de los juzgados laborales tienden a resolver las controversias a favor de los empleados.

Más allá de la superficialidad de este razonamiento, lo cierto es que la cogestión obrera no es sólo un instrumento formidable para dar cumplimiento al mandato constitucional, sino que permite
a los trabajadores ejercer un derecho que en la Argentina se ha denegado tenazmente en nombre de la libertad de empresa, el de monitorear la producción y evitar maniobras inicuas, desde la evasión en sus diversos tipos hasta la quiebra fraudulenta, con empresarios que acrecientan su riqueza personal mientras cierran fábricas y despiden trabajadores sin pagarles no sólo sus indemnizaciones sino meses de salarios atrasados.

Ese perverso mecanismo ha conducido a que decenas de grupos de trabajadores se vean forzados a protagonizar el fenómeno de las empresas recuperadas.

Si olvidar que la pugna por estos derechos, como todos los que implican redistribuir la riqueza, provoca desmedidas reacciones de los grandes grupos de poder resistentes a ceder privilegios, como está ocurriendo con el empresariado agropecuario, lo innegable es que la lucha por mejorar sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de los que menos tienen contribuye decisivamente a fortalecer un proyecto que, como el que sostenemos, sitúa el trabajo, la producción y la inclusión social en el centro no sólo de sus preocupaciones sino, sobre todo, de sus decisiones.

*El autor es dirigente y ex secretario general del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Publicado por la agencia TELAM el sábado 22 de agosto de 2009

Nueva Ley de Comunicación Audiovisual

Los fines de los medios

Por Oscar González*

Los medios de comunicación son un instrumento formidable en la formación de corrientes de opinión, favorecen el logro -y la renovación- de los estándares políticos y culturales de la sociedad e inciden en la constitución del sentido común de los ciudadanos.

La innovación tecnológica de las últimas décadas multiplica los soportes de la información y la velocidad de la difusión, ampliando considerablemente su alcance.

En todos los países se aplican regulaciones para limitar el control monopólico de los flujos informativos, teniendo en cuenta que la concentración en pocas manos de una actividad universalmente considerada de interés público atenta contra la pluralidad de voces y el derecho humano a recibir, difundir y emitir noticias, opiniones e ideas.

En la Argentina, tras 26 años de gobiernos democráticos, aún sigue vigente el decreto-ley de la dictadura que regula radios y canales de televisión.Por eso, la necesidad de democratizar los medios de comunicación para hacerle lugar a las voces comunitarias, a las cooperativas, iglesias, sindicatos, fundaciones y otras organizaciones sociales ha ido ganando espacio y generando sustento social para el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso.Allí se establece que un tercio de las licencias de TV y radio serán destinadas a organizaciones de la comunidad sin fines de lucro. El proyecto del Ejecutivo recepta y condensa la mayoría de las iniciativas legislativas sobre el tema, casi todas de la oposición, y coincide en lo fundamental con ellas, aunque con una novedad: por primera vez en la historia de la radiodifusión se incluye a la oposición parlamentaria en el dispositivo de conducción del sistema que se crea para administrar las ondas que quedan a cargo del Estado, también un tercio de ellas.

Por eso, resulta incomprensible la vocinglera y falaz argumentación de ciertos legisladores que se subordinan a las grandes empresas monopólicas, al extremo que alguno de ellos, como cierto radical cordobés, rechazaron de plano el proyecto oficial sin siquiera haberlo leído, invocando la supuesta ilegitimidad del Congreso votado por la ciudadanía para legislar hasta el 10 de diciembre próximo.

Al estilo de algunos de los desopilantes personajes del gran Peter Capusoto, que repiten los peores lugares comunes de los informativos sensacionalistas de radio y televisión, estos dirigentes son el eco de las campañas de desinformación que alertan sobre un supuesto designio de controlar y censurar una "prensa independiente" que , por lo demás, nunca existió como tal.A ello se le agrega la novedosa interpretación constitucional de algunos dirigentes que proponen diferir el debate para el próximo año, tras el cambio en la composición de las Cámaras, que otean mejor para sus fines (o, mejor, para sus medios).

Semejante alegato devela que el autoritarismo ya no anida sólo en las grandes corporaciones económicas afectadas en sus intereses sino entre algunos políticos, ya que desvalorizar a la mitad de los diputados y a uno de cada tres senadores por el delito de que su mandato tenga vigencia es un dislate que, llevado a sus lógicas consecuencias, deslegitimaría a cualquier gobierno que en las legislativas de medio término disminuyera su representación parlamentaria. El debate que comienza la semana entrante demostrará cuán autónoma puede ser la política y los políticos respecto de las corporaciones y su real disposición a crear un régimen que garantice la diversidad, la pluralidad y la participación popular en los medios de comunicación.

*Dirigente del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Publicado en agencia TELAM el sábado 29 de agosto de 2009

Políticas del gobierno para combatir la pobreza

Retórica escandalosa y centralidad del trabajo

Por Oscar R. González *

Cuando Néstor Kirchner asume el gobierno, en 2003, el derrumbe de la convertibilidad y el posterior estallido del 2001 habían dejado un país tan devastado socialmente que ningún analista económico pronosticaba plazos de recuperación menores a una década, con lo cual volver a un índice de desempleo menor a dos dígitos aparecía como una meta incierta, casi imposible. En las consultoras privadas y entre los analistas de los grandes grupos económicos se hablaba sin tapujos de las dificultades del nuevo gobierno, que, según opinaban casi unánimemente, tendría que resignarse a aplicar un ajuste feroz para pagar la deuda pública, ya que el default declarado bajo la gestión de Eduardo Duhalde sólo había postergado brevemente el problema. Tanto que, luego del intento de disciplinamiento social mediante la represión, que culminó en el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 15 de mayo de 2005, ese presidente tuvo que llamar a elecciones anticipadamente e irse a su casa.

Sorprendentemente, una coyuntura internacional con elevados precios para nuestras exportaciones y, sobre todo, una conducción estatal que reorienta la economía hacia la producción y el empleo después de más de una década de predominio financiero, redujeron el desempleo a un dígito, al tiempo que descienden los desoladores índices de pobreza e indigencia. Con ello, quedan atrás los tiempos en que la protesta social y el reclamo por alimentos se enfrentan con gases y balas: la política se torna en instrumento de reordenamiento y concordia.

Pero la pobreza, asentada en décadas de concentración extrema de la riqueza y el capital gracias a la colonización del Estado por los grandes grupos de poder, requiere de políticas que, más allá de la ayuda focalizada que atiende a las necesidades más acuciantes, apunten a una estrategia que contemple el desarrollo productivo con alta generación de empleo y un mejoramiento sustancial de la educación y la investigación científica y tecnológica. Son éstos los frentes que el gobierno priorizó en la distribución de recursos luego de la renegociación de las obligaciones en default.

La resistencia feroz de las patronales agropecuarias a los derechos de exportación y, también, aunque en menor medida, el impacto de la crisis económica internacional, demandaron del Estado una mayor inversión para poner en marcha programas destinados a sostener la producción y el empleo, como ocurrió con la automotriz General Motors y numerosas plantas metalúrgicas, unos de los rubros donde más golpeó la recesión mundial. Y justo en estos días, cuando el “escándalo” de la pobreza, como lo define el Papa apelando a una retórica trillada que aquí se difundió con clara intencionalidad política, se ha transformado en consigna fácil de la oposición política y económica, la Presidenta Cristina Fernández anuncia el plan “Trabajo con Inversión Social” que creará 100 mil nuevos empleo mediante cooperativas de trabajo ligadas a la construcción de infraestructura básica en los municipios. Al mismo tiempo, el Banco Nación reveló que el ambicioso programa de financiamiento a las empresas pequeñas y medianas, que se aplica desde hace un año y medio, alcanzó este mes los 3 mil 200 millones de pesos en colocaciones. El más beneficiado por el programa es el sector agropecuario.

Lejos de la concepción asistencialista vulgar, en la que la ayuda es una dádiva y no genera derechos ni crea ciudadanía, las políticas públicas que impulsa el gobierno nacional en materia social restituyen la centralidad del trabajo y son la mayor herramienta para abolir aquel “escándalo” de la pobreza que ahora intentan expropiar como discurso los sectores privilegiados y sus laderos de la oposición derechista. La provisión de alimentos y otros bienes básicos es una necesidad perentoria allí donde la pobreza estructural golpea dolorosamente. Pero si no hacemos nada para que esas medidas urgentes sean una porción cada vez excepcional de las políticas sociales, la pobreza será siempre un estado de las personas y las familias, consideradas como objetos de caridad y no como sujetos de derechos. Por eso “trabajo, con inversión social”.

*Dirigente socialista, ex secretario general y diputado nacional del PS. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Publicado por la agencia TELAM y el diario La Capital de Mar del Plata el lunes 17 de agosto de 2009

Presentaron la reedición de Revista Socialista

González aseguró que "este es el gobierno más progresista de los últimos 50 años”

El dirigente socialista Oscar González consideró hoy que el Gobierno nacional es la administración "más progresista de la historia argentina del último medio siglo" y exhortó a las fuerzas de izquierda a "defenderlo y protegerlo sin perder nuestra propia identidad".

"El gobierno es el más progresista de la historia argentina del último medio siglo y nosotros tenemos el compromiso de defenderlo protegerlo y acompañarlo sin perder nuestra propia identidad como gente de izquierda democrática", dijo González.

En ese marco, destacó el diálogo político convocado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el último 9 de julio y en ese sentido afirmó que los "socialistas estamos felices de que se haya abierto esta nueva etapa".

El además secretario de Relaciones Parlamentarias del Ejecutivo nacional, exhortó a las fuerzas de izquierda a "cesar en actitudes de sectarismo y hostigamiento en la que a veces caemos" para "creer más en el debate, la discusión y el encuentro, incluso en el choque de posiciones".

Y agregó que "sólo así podremos contribuir a generar propuestas superadoras y políticas públicas que puedan ser más útiles para una sociedad basada en el trabajo, la producción y la inclusión social".

El dirigente socialista y funcionario nacional encabezó esta tarde la presentación de la reedición de la "Revista Socialista-Cuarta Etapa", en el Centro cultural de la Cooperación, que contó además con la presencia del diputado Ariel Basteiro; la titular del INADI, María José Lubertino, Eduardo Jozami, Susana Rinaldi y los históricos dirigentes socialistas, Juan Carlos Coral y Víctor García Costa.

Además de González, la presentación de esta nueva edición de Socialista estuvo a cargo del economista y periodista Carlos Abalo, y del historiador de la Universidad de París, especializado en socialismo, Carlos Herrera.

La Revista Socialista, expresión de los puntos de vista del socialismo argentino reanuda su publicación bajo la dirección de González, tras una ausencia de 22 años.

La publicación comenzó a editarse en junio de 1930 y perduró en una primera etapa hasta 1947. Reapareció sucesivamente entre 1971 y 1975, primero y desde 1984 hasta 1987.

Entre los integrantes del nuevo Consejo Editorial están Ulises Muschietti -editor- los diputados Jorge Rivas y Ariel Basteiro, el ex ombudsman porteño, Antonio Cartañá, los ex secretarios generales del PS, Raúl Dellepiane y Héctor Bravo.

En sus años 24 años de existencia, la revista albergó en sus páginas a numerosos autores de las sucesivas épocas en que circuló, entre ellos Mario Bravo, Nicolás Repetto, Enrique Dickmann y Alicia Moreau e incluso publicó algún poema de Jorge Luis Borges.

"Cumplimos el sueño de tener nuevamente en la calle la revista teórica que expresa el punto de vista del socialismo en la Argentina desde hace 80 años", expresó González sobre la reedición de la Revista Socialista.

Y agregó que la publicación "significa un esfuerzo de contribuir y de colaborar con el Gobierno nacional a través del debate necesario de los tópicos que hacen a la realidad internacional y de la Argentina".

Publicado por la agencia TELAM el lunes 3 de agosto de 2009

Posturas de la Iglesia y el campo

Los deseos imaginarios del fundamentalismo

Por Oscar R. González*

¿Qué tienen en común una asamblea de empresarios rurales amenazantes con las delirantes declaraciones de un prelado católico que alerta sobre una imaginaria infiltración neomarxista en las escuelas? Michel Foucault sostenía que una condición necesaria para la vigencia del neoliberalismo es el miedo. El miedo como barrera contra la protesta y el reclamo social, como una telaraña de acero que impide la pluralidad y la diversidad de ideas. Si los gordos de la Mesa de Enlace enarbolan sus exigencias sectoriales como un ultimátum al Estado, monseñor Héctor Aguer complementa ese mensaje prepotente con el de un sector de la Iglesia que condena la libertad de pensamiento, en particular del pensamiento crítico, retrocediendo a los tiempos en que el poder imponía uniformidades que abarcaban todos los aspectos de la vida, desde las convicciones religiosas hasta las costumbres más personales e íntimas.

Si el obispo de La Plata considera que la educación sexual y la construcción de ciudadanía son parte del neomarxismo, la Mesa de Enlace pretende un país alienado a su sed de lucro. Si Aguer pretende adueñarse de la moral y dictaminar lo que está bien y lo que está mal, por encima de nuestras leyes de país laico, los agroempresarios quieren apropiarse de toda la renta sin compartirla con el conjunto de la sociedad. Es que ambos fundamentalismos ven como natural –y además posible- una sociedad de desigualdades extremas en los ingresos pero unánime en lo religioso, algo así como un retorno al medioevo.

La democracia moderna se sustenta en un sujeto, el ciudadano, que para ejercer la totalidad de sus derechos necesita no sólo condiciones que le garanticen la libertad de elegir y ser elegido: una persona privada de alimentos, educación y condiciones mínimas de bienestar es presa fácil del clientelismo y del autoritarismo. Es que la ciudadanía, antes que un estado de las personas, es un ejercicio cotidiano, lo que implica conciencia plena de los derechos que la sostienen, y es deber del Estado, a través de la educación, crear las condiciones en que se forma el sujeto de la democracia. Es también una obligación estatal garantizar a través de determinaciones fiscales razonables, las condiciones básicas de bienestar social.

La pretensión de cierta jerarquía católica de monopolizar la moral social y anatematizar la educación pública es antagónica con estos objetivos y su discurso sólo puede realizarse en un marco autoritario. Así es que un obispo enmascara ideológicamente la intención de los grupos del poder económico, porque ambos coinciden en el ensueño absurdo de un país sin conflictos, con grupos que imponen una paz basada en la supresión violenta de la protesta y el disenso, con palabras y corrientes filosóficas, económicas y científicas erradicadas por estimular la conciencia crítica.

Si Aguer pretende que, a esta altura de la historia universal, la educación sexual es monopolio de un marxismo que, además, debe ser condenado por demoníaco, lo que subyace en esa afirmación es la amenaza de la represión, ya que es imposible eludir el hecho de que, para los argentinos, esa condena está indisolublemente ligada al terrorismo de Estado. Del mismo modo, si los destemplados patrones del campo descalifican groseramente a las autoridades y extorsionan a la sociedad, sin asumir que como segmento privilegiado deben compartir los beneficios que le brinda un patrimonio en gran medida común –porque ni el agua, ni el sol ni el clima figuran en sus títulos de propiedad- quiere decir que propician eternizar la desigualdad. Y todos, pero sobre todo los dirigentes políticos, deberían tomar nota de ese riesgo porque las tensiones originadas en las asimetrías sociales extremas y la falta de solidaridad atentan directamente contra la gobernabilidad democrática.

* Dirigente socialista. Ex Secretario General del PS y ex Diputado Nacional del PS. Actual secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Publicado por la agencia TELAM y en La Capital de Mar del Plata el domingo 2 de agosto de 2009