sábado, 22 de agosto de 2009

Hacer operativa una cláusula clave de la Constitución

14 bis

El reconocimiento a los derechos sociales, que surgen en la posguerra gracias a la larga lucha de los trabajadores industriales, fue un avance decisivo que adquirió status constitucional en muchos países, empezando por las diversas formas europeas de Estado Social, que admitieron que es
deber del Estado garantizar el derecho al trabajo y a un salario digno, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la jubilación y, en general, a la protección social en casos de necesidad. Más tarde se incorporarían el acceso a la cultura y a un ambiente sano como parte de ellos.

No obstante, tales derechos, pese a que fueron reconocidos no sólo por las legislaciones nacionales sino también por los tratados internacionales, han sido siempre de difícil cumplimiento, y en la década del 90, bajo la hegemonía mundial del capital financiero, hubo retrocesos importantes que transformaron esos enunciados en letra muerta, como sucedió en nuestro país bajo el menemismo, cuando la llamada flexibilización laboral abolió conquistas obreras de larga data.

El historiador inglés Eric Hobsbawm sostiene que "el mercado libre no existe, ya que el mercado expresa siempre la correlación de fuerzas imperante entre éste, el Estado y la sociedad civil". En este aserto está la clave de la precaria vigencia de los derechos sociales, cuya concreción depende siempre de cuán autónomo sea el Estado, y por tanto el gobierno de turno, de las enormes presiones del mercado.

En las naciones de desarrollo incipiente y en los llamados países emergentes, como el nuestro, ésta disputa se acentúa y la efectividad de estos derechos está sometida a los vaivenes de las
políticas públicas de redistribución del ingreso de los sucesivos gobiernos.

Es el caso del sistema previsional, privatizado en 1993 por Carlos Menem, que volvió al sistema solidario en febrero de 2007.

En la Argentina, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, originado en la reforma de 1949 y recogido después por la de 1957, establece la responsabilidad del Estado de garantizar un conjunto de derechos laborales y sociales, entre los cuales incorpora la cogestión obrera, que implica la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el control obrero
de la producción y su colaboración en la dirección.

Precisamente, en el marco del diálogo político convocado por el gobierno, la semana que pasó, los socialistas presentamos un documento de 14 puntos en el que, entre otros temas, se plantea la
necesidad de darle plena operatividad a los derechos enunciados por el artículo 14 bis, en particular la cogestión obrera en las empresas, algo que varios países europeos, como España, Italia y Alemania han incorporado a su legislación laboral.

Los grandes estudios argentinos que asesoran al empresariado rechazan la cogestión y la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas argumentando que ello implicaría la meneada falta de seguridad jurídica y argumentan en su favor que los fallos de los juzgados laborales tienden a resolver las controversias a favor de los empleados.

Más allá de la superficialidad de este razonamiento, lo cierto es que la cogestión obrera no es sólo un instrumento formidable para dar cumplimiento al mandato constitucional, sino que permite
a los trabajadores ejercer un derecho que en la Argentina se ha denegado tenazmente en nombre de la libertad de empresa, el de monitorear la producción y evitar maniobras inicuas, desde la evasión en sus diversos tipos hasta la quiebra fraudulenta, con empresarios que acrecientan su riqueza personal mientras cierran fábricas y despiden trabajadores sin pagarles no sólo sus indemnizaciones sino meses de salarios atrasados.

Ese perverso mecanismo ha conducido a que decenas de grupos de trabajadores se vean forzados a protagonizar el fenómeno de las empresas recuperadas.

Si olvidar que la pugna por estos derechos, como todos los que implican redistribuir la riqueza, provoca desmedidas reacciones de los grandes grupos de poder resistentes a ceder privilegios, como está ocurriendo con el empresariado agropecuario, lo innegable es que la lucha por mejorar sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de los que menos tienen contribuye decisivamente a fortalecer un proyecto que, como el que sostenemos, sitúa el trabajo, la producción y la inclusión social en el centro no sólo de sus preocupaciones sino, sobre todo, de sus decisiones.

*El autor es dirigente y ex secretario general del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

Publicado por la agencia TELAM el sábado 22 de agosto de 2009

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