Crece el debate por el proyecto para repartir las ganancias
Para Brito, perjudicará la inversión y el empleo; De Mendiguren dice que establece la "cogestión" gremial
El proyecto para repartir el 10% de las ganancias de las empresas entre los trabajadores y la posibilidad de facilitarles el control sobre los resultados volvió ayer a suscitar críticas entre los empresarios y la unívoca defensa de funcionarios del Gobierno y del autor de la iniciativa, el diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde.
Los cuestionamientos empezaron desde temprano, con las posturas de José Ignacio de Mendiguren, secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Jorge Brito, presidente de la Asociación de Bancos de Capital Privado Argentino (Adeba). En comunicación con Radio 10, el dirigente fabril juzgó la iniciativa "una ley de distribución de ganancias y cogestión sindical". Ante el argumento de que está contemplada en el artículo 14 bis de la Carta Magna, De Mendiguren contestó: "Hay que leerla toda: la libre agremiación sindical, el derecho a la vivienda y el 82 por ciento móvil también están en la Constitución".
Brito, en tanto, advirtió que el proyecto "genera menos inversión y menos fuentes de trabajo" y criticó en particular la posibilidad de otorgarles a los trabajadores el control sobre los resultados. "Nuestra pretensión era consensuar el proyecto y no que se presentara aislado -dijo al canal C5N-. Objetamos la participación directa en la dirección de la empresa, pero no es una pelea: hay diferencias de opiniones." El banquero elogió la situación económica: "No sólo la foto es buena, sino que la película muestra que la Argentina tiene por delante 10 años buenos". Pero estimó que "hay que hacer una agenda: si se tocan los temas aisladamente no se está mirando íntegramente un proyecto de país".
A Brito se le sumó Hugo Biolcati, presidente de la Rural. Aunque advirtió que "en sí misma la institución de la participación en las ganancias es un hecho en que se puede avanzar sin ninguna duda" y que "en muchos países funciona", el dirigente objetó que "es inapropiado en este momento" por haberse tratado en forma unilateral. Según Biolcati, "es un tema que es necesario establecer de común acuerdo sin perjudicar las expectativas de inversión, que es un tema delicado".
Pedro Etcheberry, abogado de la Cámara Argentina de Comercio, aclaró que esa entidad no estaba cuestionando el mandato constitucional de la participación en las utilidades, pero sí rechazaba la posibilidad de que se disponga su obligatoriedad, en lugar de dejar que el tema quede sujeto a la negociación entre empresas y sindicatos. "El derecho ya está asegurado en las leyes", afirmó, y agregó que "no es posible que hasta el más chico de los comercios termine, con el transcurso del tiempo, debiendo pagar por sus utilidades", en referencia a que, aunque en distintos plazos, el proyecto prevé que todas las empresas se vean alcanzadas.
Con él coincidió Adolfo Ablático, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. "El clima de inversiones se menoscaba cuando detrás de un principio genuino y virtuoso como es la equilibrada participación en los beneficios se promueven leyes sin los imprescindibles consensos previos entre quienes se verán involucrados y sin evaluación sobre el contexto y oportunidad histórica en que serán aplicados", dijo en un almuerzo.
En cambio, la defensa más categórica del proyecto corrió por cuenta del propio Recalde. "No pensé que fuera a haber una reacción así, me da vergüenza; pero lo importante es que ya está abierto el debate, la discusión", afirmó a radio Millenium. El abogado de la CGT explicó que se contemplaba la creación de un consejo tripartito que supone "más participación entre las partes" y se encargaría de "administrar, regular, etcétera".
Florencio Randazzo, ministro del Interior, pidió que el proyecto se tratara y se refirió al rechazo que, 24 horas antes, había emitido el Grupo de los Seis, conformado por las cámaras más importantes. "Es sumamente importante este debate en el Parlamento. No estamos de acuerdo con el planteo de estos empresarios. No me asombra que haya grupos que resistan a esto porque no es nuevo, lo han hecho toda la vida", concluyó.
Oscar González, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, también cargó contra el G6. "Como ya no pueden sostener la supuesta ilegitimidad del reclamo porque cayeron por fin en la cuenta de que está en la Carta Magna desde hace 53 años, ahora dicen que no fueron consultados, como si cada uno de los avances en la legislación obrera hubiera surgido de una interlocución benevolente y no de la lucha de los trabajadores. Nadie como los propios empleados va a cuidar mejor de la buena marcha de la gestión empresaria, evitándose los episodios de evasión, fraude y vaciamiento generados muchas veces por patronales inescrupulosas."
Otras entidades optaron por la prudencia. Como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que dijo en un comunicado que la iniciativa "merece un debate serio y multisectorial hasta llegar a un consenso amplio".
Publicado por el diario La Nación, pág 1, Economía y Negocios, 24 de septiembre de 2010
Para Brito, perjudicará la inversión y el empleo; De Mendiguren dice que establece la "cogestión" gremial
El proyecto para repartir el 10% de las ganancias de las empresas entre los trabajadores y la posibilidad de facilitarles el control sobre los resultados volvió ayer a suscitar críticas entre los empresarios y la unívoca defensa de funcionarios del Gobierno y del autor de la iniciativa, el diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde.
Los cuestionamientos empezaron desde temprano, con las posturas de José Ignacio de Mendiguren, secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Jorge Brito, presidente de la Asociación de Bancos de Capital Privado Argentino (Adeba). En comunicación con Radio 10, el dirigente fabril juzgó la iniciativa "una ley de distribución de ganancias y cogestión sindical". Ante el argumento de que está contemplada en el artículo 14 bis de la Carta Magna, De Mendiguren contestó: "Hay que leerla toda: la libre agremiación sindical, el derecho a la vivienda y el 82 por ciento móvil también están en la Constitución".
Brito, en tanto, advirtió que el proyecto "genera menos inversión y menos fuentes de trabajo" y criticó en particular la posibilidad de otorgarles a los trabajadores el control sobre los resultados. "Nuestra pretensión era consensuar el proyecto y no que se presentara aislado -dijo al canal C5N-. Objetamos la participación directa en la dirección de la empresa, pero no es una pelea: hay diferencias de opiniones." El banquero elogió la situación económica: "No sólo la foto es buena, sino que la película muestra que la Argentina tiene por delante 10 años buenos". Pero estimó que "hay que hacer una agenda: si se tocan los temas aisladamente no se está mirando íntegramente un proyecto de país".
A Brito se le sumó Hugo Biolcati, presidente de la Rural. Aunque advirtió que "en sí misma la institución de la participación en las ganancias es un hecho en que se puede avanzar sin ninguna duda" y que "en muchos países funciona", el dirigente objetó que "es inapropiado en este momento" por haberse tratado en forma unilateral. Según Biolcati, "es un tema que es necesario establecer de común acuerdo sin perjudicar las expectativas de inversión, que es un tema delicado".
Pedro Etcheberry, abogado de la Cámara Argentina de Comercio, aclaró que esa entidad no estaba cuestionando el mandato constitucional de la participación en las utilidades, pero sí rechazaba la posibilidad de que se disponga su obligatoriedad, en lugar de dejar que el tema quede sujeto a la negociación entre empresas y sindicatos. "El derecho ya está asegurado en las leyes", afirmó, y agregó que "no es posible que hasta el más chico de los comercios termine, con el transcurso del tiempo, debiendo pagar por sus utilidades", en referencia a que, aunque en distintos plazos, el proyecto prevé que todas las empresas se vean alcanzadas.
Con él coincidió Adolfo Ablático, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. "El clima de inversiones se menoscaba cuando detrás de un principio genuino y virtuoso como es la equilibrada participación en los beneficios se promueven leyes sin los imprescindibles consensos previos entre quienes se verán involucrados y sin evaluación sobre el contexto y oportunidad histórica en que serán aplicados", dijo en un almuerzo.
En cambio, la defensa más categórica del proyecto corrió por cuenta del propio Recalde. "No pensé que fuera a haber una reacción así, me da vergüenza; pero lo importante es que ya está abierto el debate, la discusión", afirmó a radio Millenium. El abogado de la CGT explicó que se contemplaba la creación de un consejo tripartito que supone "más participación entre las partes" y se encargaría de "administrar, regular, etcétera".
Florencio Randazzo, ministro del Interior, pidió que el proyecto se tratara y se refirió al rechazo que, 24 horas antes, había emitido el Grupo de los Seis, conformado por las cámaras más importantes. "Es sumamente importante este debate en el Parlamento. No estamos de acuerdo con el planteo de estos empresarios. No me asombra que haya grupos que resistan a esto porque no es nuevo, lo han hecho toda la vida", concluyó.
Oscar González, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, también cargó contra el G6. "Como ya no pueden sostener la supuesta ilegitimidad del reclamo porque cayeron por fin en la cuenta de que está en la Carta Magna desde hace 53 años, ahora dicen que no fueron consultados, como si cada uno de los avances en la legislación obrera hubiera surgido de una interlocución benevolente y no de la lucha de los trabajadores. Nadie como los propios empleados va a cuidar mejor de la buena marcha de la gestión empresaria, evitándose los episodios de evasión, fraude y vaciamiento generados muchas veces por patronales inescrupulosas."
Otras entidades optaron por la prudencia. Como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que dijo en un comunicado que la iniciativa "merece un debate serio y multisectorial hasta llegar a un consenso amplio".
Publicado por el diario La Nación, pág 1, Economía y Negocios, 24 de septiembre de 2010
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