“Al tronchar el desempeño profesional de este jurisconsulto ejemplar, la derecha española logró una importante victoria en su propósito de cerrar a cal y canto el pasado franquista”
Oscar González
Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
Quienes crecimos con la dolorosa imagen y el relato familiar de las multitudes andrajosas que abandonaban España cruzando a pie la frontera francesa para huir del franquismo, en los estertores de la cruenta guerra civil de 19361939, vemos estupefactos cómo aquellos vencedores implacables que sumieron a España en 40 años de dictadura logran ahora empujar al exilio a uno de sus mejores hombres, el juez Baltasar Garzón.
Constreñido por el acoso de la ultraderecha, el magistrado, que es emblema de dignidad y compromiso con los Derechos Humanos, se ve obligado en estas horas al destierro, aceptando la invitación del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo para asesorarlo en su misión en la Corte Internacional de la Haya.
Por eso es reivindicable el gesto de solidaridad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que condena la afrenta y se suma a los juristas, intelectuales, artistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que rechazan la arbitraria suspensión del juez como integrante de la Audiencia Nacional. Una medida dictada a instancias de la ultraderecha española por el Consejo del Poder Judicial, que pretende destituir al magistrado por haberse declarado competente para invest igar la desaparición de más de 130 mil personas, durante la larga noche de la dictadura falangista.
Como dijo nuestra presidenta, “el mundo y la propia España admiraron a ese juez que convirtió a este país en un faro en materia de Derechos Humanos cuando decidió el juzgamiento del dictador chileno Augusto Pinochet, de la misma manera que condenó al marino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel.” Es que, en ambas causas, Garzón logró que los más altos tribunales españoles consagraran los principios de justicia universal.
Al tronchar, al menos temporalmente, el desempeño profesional de este jurisconsulto ejemplar, la derecha española logró una importante victoria en su propósito de cerrar a cal y canto el pasado franquista, al precio de ensuciar la democracia conquistada en 1975 y que tanta influencia iba a tener en los procesos de democratización latinoamericanos de los ’80.
Si el procesamiento del tirano Augusto Pinochet fue un hecho decisivo para los procesos democráticos de América Latina y para la continuidad de los juicios contra los genocidas argentinos, esta misma actividad jurisdiccional marcó el papel de vanguardia de nuestro país en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, un proceso difícil y complejo, que avanza en continua tensión con las rémoras judiciales heredadas de la dictadura que, tanto aquí como en España, defienden la impunidad y cotidianamente aparecen exudando rencores y prejuicios.
Mientras en España se libra esa renovada batalla por la memoria y la justicia, afortunadamente aquí la Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar por unanimidad un proyecto que declara que los juicios por los crímenes de lesa humanidad constituyen en la Argentina una política de Estado. Con ello, se sienta un precedente fundamental que condena política y éticamente los esfuerzos por clausurar los procesos judiciales, que encuentra todavía voceros como el ex presidente Eduardo Duhalde o que, con más sigilo, alienta la derecha local.
Es que, en el fondo del conf licto entre impunidad y justicia se dirime la puja acerca de qué tipo de gobernabilidad queremos, si vamos por una democracia con igualdad y justicia social, o si regresamos al ya fracasado modelo de un Estado cautivo del capital, que libra el salario, el trabajo y la producción al arbitrio del mercado.
En este marco, cobra importancia la reciente detención del ex ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, que fue el cerebro de un programa estratégico que destruyó masivamente fuerzas productivas y que sólo podía sostenerse sobre la base de la represión de los opositores.
Si, como sucede con l a ofensiva autoritaria contra un magistrado cabal como lo es Baltasar Garzón, la impunidad emponzoña la historia de los pueblos y los condena a revivir lo traumático una y otra vez, la justicia y la construcción de la memoria renueva el compromiso de asumirlo como desafío fundamental. Si, en cambio, olvidamos la lucha de aquellas decenas de miles de víctimas que cayeron para cambiar de raíz esa realidad “entre una España que muere y otra que bosteza” y no nos solidarizamos con la nueva víctima del lóbrego franquismo, le cederemos el paso a aquellos que, como cantó Antonio Machado –uno de los que tiritando cruzó la frontera para dejar su vida del otro lado de España– “mataron a Federico / cuando la luz asomaba”
Publicado por el diario Tiempo Argentino, el martes 25 de mayo de 2010, Pág. 12.
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