Feos y sucios y malos
Por Oscar R. González
Enardecida por la inaudita pretensión de los legisladores que se toman la libertad de votar en el Congreso las leyes que les parecen más adecuadas, la corporación mediática, que al momento de rechazarse en el Senado las retenciones sojeras exaltaba las impolutas virtudes del Poder Legislativo, ahora demuele salvajemente la honra de los diputados y senadores que no alzan su mano atada al interés del monopolio periodístico.
Leer para creer, el editorial del diario La Nación de este viernes no tiene desperdicio. Su autor se exaspera porque "tal como lo había ordenado el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación aprobó la ley de servicios audiovisuales con un nivel de obediencia que sólo se observa en el fundamentalismo de ciertas teocracias".
A continuación formula, con prosa descuidada, una insólita denuncia: "La mayoría de los senadores no se atrevió a tocar una sola coma. Tampoco esos legisladores, por lo que se infiere, se habrían atrevido a hacer algo así dentro del actual régimen iraní, en el caso de que la iniciativa hubiera provenido del gran ayatollah que preside el Consejo de la Revolución, o de haber sido conminados por un Stalin, un Mao, un Fidel Castro". El eje del mal, en suma, al que se agregaría el gobierno argentino y una aterrorizada mayoría de 44 senadores que apoyaron la ley.
El incontinente editorial afirma que la nueva norma "es inconstitucional por donde se la mire, por la letra y por el espíritu; por el procedimiento todo de su gestación como cachetazo a la decisión soberana del pueblo de haber infligido al gobierno la derrota electoral del 28 de junio. "He ahí la clave: La Nación y algún otro de los medios que fungen de voceros y operadores de la derecha económica y política, creen que con el simple ejercicio de contabilizar promiscuamente todos los votos no oficialistas se alcanza una mayoría virtual que haría concluir el ciclo de un gobierno al que le restan dos años de mandato. El razonamiento es tan absurdo como perverso: quiere hacer creer que el pueblo habría votado, con milagrosa anticipación de vidente, en contra de una ley que, como la de comunicación audiovisual, no había sido siquiera presentada".
La derecha creyó que el episodio que impidió la sanción de la Resolución 125 en el Senado aseguraba de por sí un futuro irrevocable para sus intereses. Entonces fueron loas al Parlamento porque habría dejado de ser un poder sumiso. Pero apenas muchos senadores y diputados demostraron que no se someten a disciplinamiento alguno y que tras debatir y consensuar a su gusto sancionaron la ley de medios audiovisuales, muchos de ellos sin renunciar a su papel opositor, la respuesta de los medios fue de una ferocidad y una saña que arrasa con los principios éticos que rigen la profesión periodística.
Ya se trate de una senadora radical cobista, que cometió el repugnante delito de mudar de posición; de los diputados socialistas y de los partidos de centroizquierda que votaron miserablemente apoyados en sus plataformas y programas, como otros legisladores que osaron no acatar la voz de mando del millonario de turno, todos son persistentemente mortificados por los diarios.
La situación llegó al colmo cuando un analista del diario Clarín llegó a lamentar que un profesor de literatura como Eduardo Macaluse haya apoyado la ley, como si el diputado de Solidaridad e Igualdad hubiera manchado su curriculum docente e ingresado repentinamente en el territorio de la barbarie iletrada.
Ocurre que, ante la manifiesta incapacidad de la derecha para erigirse en alternativa política, el poder mediático se subroga en su función de control político y se autoasigna una inaudita función punitiva. Ilusionado con la eternidad de sus privilegios, blande la espada de la maledicencia contra quienes osan contrariarlo y amenaza con encubrir la realidad con ríos de tinta y los tribunales con un mar de incidentes judiciales.
Afortunadamente, las claras mayorías que alcanzaron los proyectos de orientación progresista revelan que la autonomía de la política y la independencia del poder legislativo siguen siendo las claves para mejorar la calidad de la democracia argentina.
Leer para creer, el editorial del diario La Nación de este viernes no tiene desperdicio. Su autor se exaspera porque "tal como lo había ordenado el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación aprobó la ley de servicios audiovisuales con un nivel de obediencia que sólo se observa en el fundamentalismo de ciertas teocracias".
A continuación formula, con prosa descuidada, una insólita denuncia: "La mayoría de los senadores no se atrevió a tocar una sola coma. Tampoco esos legisladores, por lo que se infiere, se habrían atrevido a hacer algo así dentro del actual régimen iraní, en el caso de que la iniciativa hubiera provenido del gran ayatollah que preside el Consejo de la Revolución, o de haber sido conminados por un Stalin, un Mao, un Fidel Castro". El eje del mal, en suma, al que se agregaría el gobierno argentino y una aterrorizada mayoría de 44 senadores que apoyaron la ley.
El incontinente editorial afirma que la nueva norma "es inconstitucional por donde se la mire, por la letra y por el espíritu; por el procedimiento todo de su gestación como cachetazo a la decisión soberana del pueblo de haber infligido al gobierno la derrota electoral del 28 de junio. "He ahí la clave: La Nación y algún otro de los medios que fungen de voceros y operadores de la derecha económica y política, creen que con el simple ejercicio de contabilizar promiscuamente todos los votos no oficialistas se alcanza una mayoría virtual que haría concluir el ciclo de un gobierno al que le restan dos años de mandato. El razonamiento es tan absurdo como perverso: quiere hacer creer que el pueblo habría votado, con milagrosa anticipación de vidente, en contra de una ley que, como la de comunicación audiovisual, no había sido siquiera presentada".
La derecha creyó que el episodio que impidió la sanción de la Resolución 125 en el Senado aseguraba de por sí un futuro irrevocable para sus intereses. Entonces fueron loas al Parlamento porque habría dejado de ser un poder sumiso. Pero apenas muchos senadores y diputados demostraron que no se someten a disciplinamiento alguno y que tras debatir y consensuar a su gusto sancionaron la ley de medios audiovisuales, muchos de ellos sin renunciar a su papel opositor, la respuesta de los medios fue de una ferocidad y una saña que arrasa con los principios éticos que rigen la profesión periodística.
Ya se trate de una senadora radical cobista, que cometió el repugnante delito de mudar de posición; de los diputados socialistas y de los partidos de centroizquierda que votaron miserablemente apoyados en sus plataformas y programas, como otros legisladores que osaron no acatar la voz de mando del millonario de turno, todos son persistentemente mortificados por los diarios.
La situación llegó al colmo cuando un analista del diario Clarín llegó a lamentar que un profesor de literatura como Eduardo Macaluse haya apoyado la ley, como si el diputado de Solidaridad e Igualdad hubiera manchado su curriculum docente e ingresado repentinamente en el territorio de la barbarie iletrada.
Ocurre que, ante la manifiesta incapacidad de la derecha para erigirse en alternativa política, el poder mediático se subroga en su función de control político y se autoasigna una inaudita función punitiva. Ilusionado con la eternidad de sus privilegios, blande la espada de la maledicencia contra quienes osan contrariarlo y amenaza con encubrir la realidad con ríos de tinta y los tribunales con un mar de incidentes judiciales.
Afortunadamente, las claras mayorías que alcanzaron los proyectos de orientación progresista revelan que la autonomía de la política y la independencia del poder legislativo siguen siendo las claves para mejorar la calidad de la democracia argentina.
*Dirigente socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
Publicado por Agencia TELAM el sábado 18 de octubre de 2009 y en el diario El Argentino el domingo 19 de octubre de 2009
