La mano visible del congreso
Por Oscar R. González*
En un video del programa humorístico The Last Laugh de la BBC británica --que ha visto mucha gente en todo el mundo gracias a Youtube--, los comediantes ingleses que encarnan a John Bird y John Fortune explican el colapso financiero de manera magistral. Al final, el entrevistador, espantado porque el inversor le ha dicho que la solución a la crisis es que el Estado les dé más dinero a los financistas, le pregunta si eso no sería “recompensar la codicia y la estupidez”. A lo que el financista responde: “Si no lo hacen, no somos nosotros los que sufriremos sino tu fondo de pensión”.
Probablemente, la mayoría de quienes aquí vieron el video no haya pensado en las AFJP locales, cuya segura marcha hacia una crisis de proporciones catastróficas motivó la propuesta de disolución que se debate en el Congreso.
El proyecto del Ejecutivo ha despertado resistencias enconadas del mundo financiero, que predice un futuro económico ominoso para los argentinos. Junto con ellos, buena parte de la oposición y ciertos medios de prensa critican aquello que es el deber ineludible del Estado: proteger un derecho social básico como es la jubilación.
Una grosera banalización del conflicto le adjudica al Ejecutivo la intención de “dar un zarpazo” a esos fondos y se presenta la recuperación del sistema como un intento del gobierno por apropiarse de algo tan individual y privadísimo como los depósitos en caja de ahorros de cualquier ciudadano.
Si esto fuera así, cabría imaginar un sistema aún más despiadado, en el que los aportantes al sistema asumieran todos los riesgos (el famoso “riesgo moral” enunciado por Bush) por haber colocado sus fondos de pensión en una financiera (no otra cosa son las AFP) que los sometió a la inestabilidad sistémica del mercado.
Pero, a diferencia de los fondos de pensión a que aludía el comediante inglés, aquí el ingreso al sistema fue compulsivo, de manera que ya no se trata de que el Estado tenga que proteger sólo a sectores de altos ingresos que optaron por una cobertura acorde a su situación económica y social. Lo que aquí está en riesgo es la protección de los trabajadores amenazados por un futuro a la intemperie y de ahí la necesidad perentoria de una drástica intervención estatal.
Es lo contrario de las reformas de mercado de los 90, que llevaron a la pérdida de derechos sociales en todo el mundo, cuya protección fue siendo transferida progresivamente a la iniciativa individual, consecuencia, a su vez, del monumental traslado de salario social al sector financiero.
En esta orientación, la privatización del sistema provisional debía ser, en la estrategia recomendada por el Banco Mundial y ejecutada aquí por Domingo Cavallo, la primera etapa de grandes reformas que seguiría después con la mercantilización de los servicios en salud, cuya prestación, tal como se hizo en Chile, iba a cederse a entidades financieras similares a las AFJP, receptoras de los aportes y operadoras del sistema.
Alertando sobre eso, el sanitarista italiano Giovanni Berlinguer, una verdadera eminencia en el tema, comenzó una conferencia en Buenos Aires con la pregunta: “¿Ustedes le confiarían su salud a un banco?”. A lo que alguien del público respondió: “Bueno, aquí nos forzaron a confiarles nuestra vejez”.
Cavallo no pudo cumplir esta segunda reforma, pese a que lo había prometido en 1995, cuando fue a los Estados Unidos a pedir dinero para sostener la convertibilidad amenazada por el efecto Tequila que había estallado en México. Pero con la reforma provisional logró la mayor depredación de salario social que se haya dado en la Argentina.
Hoy, frente a la propuesta del Ejecutivo, algunas críticas son sorprendentes. Por ejemplo, las que provienen de partidos y sectores que se opusieron inútilmente a la privatización del sistema en 1994. ¿Adónde fue a parar la necesidad de acordar políticas de Estado, que tanto se enunció? ¿No es ésta acaso una de ellas? Entretanto, ciertos diarios opinan que no se buscó el diálogo y el consenso. ¿No es acaso el Congreso el mayor y más calificado ámbito institucional de procesamiento de los disensos y de búsqueda de consensos?
¿No es hora de comenzar a generar compromisos democráticos de alcance estratégico, no para uniformar lo que es diverso ni para abolir el disenso, sino para sentar las bases de políticas públicas que garanticen los derechos sociales, sustento de toda gobernabilidad democrática?
* Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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