En defensa de la educación pública
Oscar González
Sec. Rel. Parlamentarias Jefatura de Gabinete
El Día del Maestro es también el de la escuela pública, ese proyecto democrático, integrador e igualitario que atravesó ideologías, movimientos políticos y gobiernos e hizo grande a la Argentina. Pero no es, como bien lo saben los docentes porteños que celebraron ayer la fecha en medio de amenazas y sanciones, el único proyecto posible. Desde hace décadas, las mismas usinas neoliberales que en su momento atacaron las políticas sociales universales, alimentan la idea de introducir en la educación mecanismos de mercado que pongan a competir a la escuela pública con las instituciones privadas. Su primer triunfo fue semántico: afirmar el concepto de que la educación es una sola y que el carácter de la gestión es lo único que diferencia a unos y otros establecimientos.
Así, ya no se habla de enseñanza privada, sino de enseñanza pública de gestión privada.
La utilidad de ese eufemismo no se agota en la legitimación de los subsidios que recibe la educación privada, sea confesional o laica: el objetivo es poner en un pie de igualdad a la escuela pública con el resto del universo educativo e imponer, finalmente, el criterio de subsidiariedad, abriendo al capital privado todas las actividades que puedan generar renta y dejando al Estado la gestión de lo que dé pérdida. Aparece así la concepción de que el Estado, en lugar de destinar fondos a mantener la oferta –es decir, a la escuela pública–, debe subsidiar la demanda, por ejemplo a través de un bono educativo, que cada familia destinaría al establecimiento de su elección. El empresario que encabeza el gobierno porteño sigue esta línea: cree que lo público debe asimilarse a los criterios que rigen a las compañías privadas y, por tanto, el presupuesto destinado a la escuela pública le parece un despilfarro. Expresiones como ciudadanía, igualdad de posibilidades, democracia y hasta rentabilidad social no le dicen nada a este funcionario convencido, además, de la necesidad de disciplinar a maestros y directivos, y de erradicar la política y la actividad sindical de las escuelas.
El maestro socialista Alfredo Bravo tenía muy en claro de qué trataba este conflicto al protestar públicamente el mismo día en que el ex presidente De la Rúa anunciaba la designación de un economista neoliberal como ministro de Educación. Abrazado a la causa de la educación pública, de la dignidad de los maestros –fue fundador de la CTERA– y de la igualdad de oportunidades y posibilidades, Bravo estaría hoy enfrentando los ataques y amenazas a que está sometida la escuela de todos
El Día del Maestro es también el de la escuela pública, ese proyecto democrático, integrador e igualitario que atravesó ideologías, movimientos políticos y gobiernos e hizo grande a la Argentina. Pero no es, como bien lo saben los docentes porteños que celebraron ayer la fecha en medio de amenazas y sanciones, el único proyecto posible. Desde hace décadas, las mismas usinas neoliberales que en su momento atacaron las políticas sociales universales, alimentan la idea de introducir en la educación mecanismos de mercado que pongan a competir a la escuela pública con las instituciones privadas. Su primer triunfo fue semántico: afirmar el concepto de que la educación es una sola y que el carácter de la gestión es lo único que diferencia a unos y otros establecimientos.
Así, ya no se habla de enseñanza privada, sino de enseñanza pública de gestión privada.
La utilidad de ese eufemismo no se agota en la legitimación de los subsidios que recibe la educación privada, sea confesional o laica: el objetivo es poner en un pie de igualdad a la escuela pública con el resto del universo educativo e imponer, finalmente, el criterio de subsidiariedad, abriendo al capital privado todas las actividades que puedan generar renta y dejando al Estado la gestión de lo que dé pérdida. Aparece así la concepción de que el Estado, en lugar de destinar fondos a mantener la oferta –es decir, a la escuela pública–, debe subsidiar la demanda, por ejemplo a través de un bono educativo, que cada familia destinaría al establecimiento de su elección. El empresario que encabeza el gobierno porteño sigue esta línea: cree que lo público debe asimilarse a los criterios que rigen a las compañías privadas y, por tanto, el presupuesto destinado a la escuela pública le parece un despilfarro. Expresiones como ciudadanía, igualdad de posibilidades, democracia y hasta rentabilidad social no le dicen nada a este funcionario convencido, además, de la necesidad de disciplinar a maestros y directivos, y de erradicar la política y la actividad sindical de las escuelas.
El maestro socialista Alfredo Bravo tenía muy en claro de qué trataba este conflicto al protestar públicamente el mismo día en que el ex presidente De la Rúa anunciaba la designación de un economista neoliberal como ministro de Educación. Abrazado a la causa de la educación pública, de la dignidad de los maestros –fue fundador de la CTERA– y de la igualdad de oportunidades y posibilidades, Bravo estaría hoy enfrentando los ataques y amenazas a que está sometida la escuela de todos
Publicado por Tiempo Argentino, Argentina, pág. 14, el 12 de septiembre de 2012.
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